La iniciativa fue impulsada por colegios profesionales con representaci\u00f3n en distintas provincias y se sum\u00f3 a una serie de presentaciones que ya cuestionan distintos aspectos de la ley aprobada por el Congreso. Seg\u00fan se indic\u00f3, el objetivo fue demostrar la existencia de un perjuicio concreto sobre el derecho de defensa en juicio y advertir sobre el \u201cpeligro en la demora\u201d si las disposiciones contin\u00faan vigentes.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a lo que trascendi\u00f3, el planteo judicial se enfoc\u00f3 en dos art\u00edculos espec\u00edficos de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada recientemente, que \u2014seg\u00fan los abogados\u2014 alteran las condiciones de ejercicio profesional y generan un impacto directo en la percepci\u00f3n de honorarios.<\/p>\n\n\n\n El escrito, patrocinado por el abogado Alberto Spota, solicit\u00f3 una medida cautelar aut\u00f3noma para suspender los art\u00edculos 20 y 227 hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. Los demandantes consideraron que las modificaciones introducidas vulneran derechos garantizados por la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n En particular, se\u00f1alaron que las normas en cuesti\u00f3n afectan los art\u00edculos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Carta Magna, vinculados al derecho al trabajo, la propiedad privada, el debido proceso y las facultades del Congreso. En ese sentido, sostuvieron que la magnitud de la presentaci\u00f3n y la representatividad de los colegios le otorgan car\u00e1cter colectivo a la acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el texto judicial al que se tuvo acceso, los abogados afirmaron que la reforma implica \u201cuna utilizaci\u00f3n desviada de herramientas procesales\u201d, lo que podr\u00eda impactar no solo en los profesionales del derecho sino tambi\u00e9n en el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n Uno de los puntos centrales del reclamo estuvo vinculado al r\u00e9gimen de percepci\u00f3n de honorarios en los juicios laborales. Los colegios advirtieron que la posibilidad de establecer pagos en cuotas afectar\u00eda el car\u00e1cter alimentario de estos ingresos.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, alertaron sobre el riesgo de una eventual reducci\u00f3n en los montos, lo que podr\u00eda implicar una vulneraci\u00f3n del derecho de propiedad privada de los abogados. En ese marco, recordaron precedentes de la Corte Suprema que avalan el dictado de medidas cautelares cuando se presentan situaciones que podr\u00edan colisionar con principios constitucionales.<\/p>\n\n\n\n Los profesionales tambi\u00e9n cuestionaron cambios en la regulaci\u00f3n de costas judiciales, al considerar que se trata de una facultad que corresponde a las provincias en el marco de su autonom\u00eda para dictar normas procesales.<\/p>\n\n\n\n En la presentaci\u00f3n, los colegios argumentaron que el ordenamiento jur\u00eddico argentino ya cuenta con herramientas suficientes para sancionar conductas abusivas en el proceso judicial, sin necesidad de introducir nuevas disposiciones.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, citaron el C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, que establece el deber de las partes de actuar con lealtad, probidad y buena fe, y que habilita a los jueces a aplicar sanciones en casos de temeridad o malicia procesal.<\/p>\n\n\n\n Para los demandantes, la incorporaci\u00f3n de nuevas normas en este sentido resultar\u00eda \u201credundante\u201d y podr\u00eda generar un efecto disuasivo en el ejercicio profesional, ante el riesgo de sanciones patrimoniales que desalienten la defensa de los derechos de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente\u201d, se\u00f1alaron, al tiempo que sostuvieron que se encuentra acreditado el requisito de verosimilitud del derecho necesario para el dictado de la medida cautelar.<\/p>\n\n\n\n Otro de los ejes del planteo judicial fue la estrategia para evitar que el proceso se extienda mediante mecanismos procesales que podr\u00edan ser utilizados por el Estado nacional.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, los abogados solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la concesi\u00f3n de traslado al Estado prevista en la ley 26.854, que obliga a requerir un informe previo antes de resolver una cautelar. Consideraron que ese paso podr\u00eda dilatar la decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, pidieron que la eventual presentaci\u00f3n del informe estatal no tenga efecto suspensivo sobre la medida cautelar y que tampoco una apelaci\u00f3n oficial paralice su aplicaci\u00f3n. De esta manera, buscaron garantizar que la suspensi\u00f3n de los art\u00edculos tenga vigencia inmediata en caso de ser concedida.<\/p>\n\n\n\n La presentaci\u00f3n fue respaldada por una amplia red de colegios de abogados de distintas jurisdicciones, lo que le otorg\u00f3 mayor peso institucional al reclamo.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa fue impulsada por el Colegio de Abogados de Villa Mar\u00eda, encabezado por su presidenta Amalia Itat\u00ed Demarchi, y sum\u00f3 adhesiones de entidades de Corrientes, C\u00f3rdoba, Jujuy, R\u00edo Negro, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Salta, Neuqu\u00e9n, Chubut y Tierra del Fuego, entre otras.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n participaron colegios de ciudades como Paso de los Libres, Goya, Curuz\u00fa Cuati\u00e1, Bariloche, Ushuaia, Resistencia, R\u00edo Cuarto, San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje y Trelew, consolidando una acci\u00f3n de alcance federal.<\/p>\n\n\n\n La demanda se inscribi\u00f3 en un contexto de creciente judicializaci\u00f3n de la reforma laboral, que ya enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores.<\/p>\n\n\n\n La norma, impulsada como una de las principales iniciativas del Gobierno en sesiones extraordinarias, fue aprobada con respaldo del oficialismo y aliados, con modificaciones limitadas respecto del texto original.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, su implementaci\u00f3n comenz\u00f3 a generar resistencias en \u00e1mbitos sindicales, profesionales y judiciales, que ahora buscan frenar su aplicaci\u00f3n a trav\u00e9s de distintas v\u00edas legales, public\u00f3 \u00c1mbito.<\/p>\n\n\n\n En ese escenario, la acci\u00f3n presentada por los colegios de abogados represent\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo en la disputa por la validez de la reforma laboral, que podr\u00eda tener definiciones clave en los tribunales en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un grupo de 29 colegios de abogados presentó una acción judicial para suspender artículos clave de la reforma laboral. 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Estrategia para evitar dilaciones del Estado<\/h3>\n\n\n\n
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Un nuevo frente judicial contra la reforma<\/h3>\n\n\n\n
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