U.T.A sostiene que la Intendente Rosario Romero en todo momento engaño a los 237 chóferes de colectivos, y además dilato, de manera sistemática y dolasa a través de engaños y promesas de que los puestos de trabajo estaban asegurados.
La adjudicación de la licitación del transporte urbano en Paraná dejó en evidencia una grave irresponsabilidad institucional que el Municipio intenta trasladar a terceros.
Se ha pretendido instalar que el conflicto existe porque el gremio no observó oportunamente un punto del pliego. Esa afirmación es jurídicamente falsa.
Aun cuando el gremio no haya realizado observaciones previas, ello no habilita al Municipio a violar la ley ni exime a la intendenta de su responsabilidad como autoridad concedente.
La Ley de Contrato de Trabajo, en particular su artículo 225, es una norma de orden público que no depende de reclamos sindicales, advertencias previas ni consensos políticos.
El Municipio de Paraná redactó el pliego, lo aprobó, adjudicó la licitación y controla el servicio. Por lo tanto, conocía o debía conocer la normativa laboral aplicable.
La ignorancia, el silencio o la omisión no son excusas válidas para el Estado.
La intendenta sí tiene facultades legales para corregir el pliego, exigir a la empresa adjudicataria la continuidad laboral y adecuar el contrato a la ley.
No hacerlo no responde a una imposibilidad jurídica, sino a una decisión política de sostener una adjudicación defectuosa, aun sabiendo que vulnera derechos laborales.
Resulta inadmisible que ahora se intente responsabilizar al gremio o a los trabajadores por un error que es exclusivamente del Estado municipal.
En derecho laboral, los derechos no se pierden por silencio sindical, ni por omisiones administrativas, ni por contratos mal redactados.
Si el Municipio persiste en esta postura, deberá responder ante la Justicia y ante la ciudadanía cuando las consecuencias económicas de su propia omisión recaigan sobre las arcas públicas.
Los trabajadores no generaron este conflicto.
Lo generó una licitación mal hecha y una decisión política de no corregirla.
Licitación del transporte:
Acusan al Municipio de violar la ley laboral y señalan a la intendenta como responsable directa
La adjudicación de la licitación del transporte urbano en Paraná quedó envuelta en un conflicto que ya no es gremial ni técnico, sino abiertamente legal y político. Choferes afectados advierten que el proceso licitatorio violó normas laborales de orden público y apuntan de manera directa a la responsabilidad del Ejecutivo municipal.
Según señalan, el pliego elaborado y aprobado por el Municipio omitió garantizar la continuidad laboral prevista en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, obligación que rige ante cualquier cambio de concesión y que no puede ser desplazada por contratos administrativos ni por silencios previos.
Desde el sector remarcan que se intenta instalar que el problema existe porque el gremio no observó el pliego a tiempo. “Ese argumento es jurídicamente insostenible”, afirman. “La ley laboral no depende de advertencias sindicales ni de reclamos previos. El Estado está obligado a cumplirla, aun cuando nadie se lo recuerde”.
En ese sentido, subrayan que el Municipio de Paraná redactó el pliego, lo aprobó, adjudicó la licitación y controla el servicio, por lo que no puede presentarse como ajeno al conflicto. La intendenta, como máxima autoridad del Ejecutivo local y autoridad concedente, tenía el deber legal de asegurar que la licitación respetara la normativa vigente.
Los choferes sostienen además que la intendenta cuenta con facultades legales suficientes para corregir el pliego y exigir a la empresa adjudicataria la absorción de los trabajadores, respetando antigüedad y derechos adquiridos. “No hacerlo no es una imposibilidad jurídica, es una decisión política”, advierten.
La permanencia de esta situación, alertan, expone al Municipio a una judicialización inevitable que podría derivar en condenas económicas millonarias, cuyo costo final recaerá sobre los vecinos de Paraná. “El conflicto no lo generaron los trabajadores. Lo generó una licitación mal hecha y la negativa del Ejecutivo a corregirla”, aseguran.
Finalmente, rechazan cualquier intento de responsabilizar al gremio o a los choferes por un error estatal. “En derecho laboral, los derechos no se pierden por silencio sindical ni por omisiones administrativas. Cuando el Estado viola la ley, el responsable no es el trabajador: es quien gobierna”.
