El intendente de Concordia, Francisco Azcué, desplegó una extensa agenda discursiva durante una entrevista concedida a Radio Plaza de Paraná, donde habló de turismo, infraestructura, despidos, pobreza y finanzas municipales. En sintonía con el libreto que bajan Nación y Provincia, volvió a cargar con dureza contra las gestiones anteriores, a las que responsabilizó por “corrupción”, “desorden” y años de mala administración.
El formato elegido —con preguntas pero sin repreguntas— le permitió al jefe comunal explayarse sin mayores interrupciones, un esquema que no siempre está disponible para todos los medios ni favorece el contraste de datos o la profundización en cifras concretas.
Azcué aseguró que Concordia atraviesa “una etapa de crecimiento y cambios profundos” tras dos años de lo que definió como “ordenamiento y estabilización”. En ese marco, destacó la temporada turística de verano, con niveles de ocupación que ubicó entre el 66 y el 68 por ciento, impulsados por el carnaval, el lago, el circuito histórico, la pesca, la costanera y el Castillo San Carlos. También subrayó la declaración de Concordia como ciudad art nouveau y su vínculo con la historia de El Principito.
En línea con su diagnóstico político, insistió en que la ciudad arrastra “las consecuencias de muchos años de populismo y malas administraciones”. Reivindicó la recuperación de espacios como el Hotel Ayuí, los campings del lago y el predio de la Tortuga Alegre, y sostuvo que el lago de Salto Grande estuvo “en manos inadecuadas”, señalando que ahora se avanza en procesos licitatorios para garantizar desarrollo y transparencia.
Consultado por los cuestionamientos ambientales en balnearios, afirmó que se realizan controles periódicos y que las decisiones se toman en base a parámetros técnicos. “Cuando hay que prohibir, se prohíbe; cuando se puede habilitar, se habilita”, sintetizó.
Uno de los ejes más sensibles de la entrevista fue el conflicto por la no renovación de 141 contratos municipales. Azcué defendió la medida como parte de una reestructuración del Estado local y remarcó que se trata de una atribución del Ejecutivo. Según explicó, la planta municipal pasó de unos 3.100 empleados a aproximadamente 2.380, y cuestionó incorporaciones realizadas en 2023, a las que calificó como irregulares. Aclaró, sin embargo, que no considera “ñoquis” a los trabajadores desvinculados, aunque sostuvo que muchos cargos no eran necesarios en el nuevo esquema.En materia presupuestaria, aseguró que al asumir apenas el 3% de los recursos se destinaban a obra pública y que actualmente ese porcentaje ronda el 20%, con la meta de alcanzar el 35%. Enumeró como prioridades la inversión en agua, cloacas, calles y alumbrado, y remarcó la necesidad de un uso “eficiente” de los fondos públicos.Sobre la pobreza, reconoció que se trata de un problema estructural de décadas y planteó la necesidad de abandonar el asistencialismo para avanzar hacia un modelo de inclusión basado en infraestructura y servicios básicos.El intendente cerró señalando que el municipio trabaja en un Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de no depender exclusivamente de decisiones nacionales para ejecutar obras.Quedará para el análisis si el formato elegido para difundir estas definiciones —extenso, sin repreguntas incisivas y con fuerte énfasis en la “herencia recibida”— contribuye al debate público o refuerza un esquema discursivo que, alineado con Provincia y Nación, prioriza el diagnóstico político por sobre la discusión puntual de resultados y números verificables.
