Luego de conocida la información sobre la intimación que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos realizó al Municipio ante la posible existencia de funcionarios que percibieron la jubilación provincial y un sueldo del Estado local, el Bloque de Concejales del Justicialismo recordó que en mayo del año pasado presentaron un pedido de informes sobre este tema, y nunca fue respondido.
La situación desató un revuelo en el ambiente político durante todo el fin de semana. El Ejecutivo Municipal no sabe cómo resolverlo y hasta se llegó a barajar la posibilidad de renuncia de los implicados, entre ellos Carlos Gatto y Federico Schattenhofer, los funcionarios con más alto rango involucrados.
Esto ya había sido advertida en mayo de 2025 a través de un pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante. Por entonces, los ediles de la oposición solicitaban información sobre posibles incompatibilidades en el régimen de contratación de funcionarios municipales. En ese planteo advertían que los funcionarios públicos pueden incurrir en situaciones de incompatibilidad cuando perciben haberes previsionales o participan en contratos o vínculos laborales que comprometen su imparcialidad o violan las normas previsionales vigentes.
JubiladoGate: el pedido de informes
El proyecto tratado en los primeros meses del período del año pasado, fue aprobado y remitido al Departamento Ejecutivo Municipal. Solicitaban:
- La nómina de funcionarios registrados como prestadores de servicios de la Municipalidad de Concordia.
- La nómina de funcionarios que perciben haberes bajo el Código 600 u otra modalidad no remunerativa, detallando montos, conceptos y frecuencia de pago.
- Las suspensiones de haberes previsionales de funcionarios jubilados designados en cargos dentro del municipio.
El objetivo, según se leía en los fundamentos de ese proyecto, era determinar si existían situaciones incompatibles entre el cobro de jubilaciones y el desempeño de funciones dentro de la estructura municipal, particularmente en casos donde los pagos se realizan mediante modalidades contractuales o códigos no remunerativos.
La respuesta nunca llegó.
Ahora, luego de la investigación realizada por el periodista Federico Odorisio y al haber salido a la luz la intimación emitida por la Caja de Jubilaciones en enero de este año, se desató una crisis dentro del gabinete que conduce Francisco Azcué. Tanto que algunos habrían llegado a señalar la «incapacidad» del Secretario de Gobierno, a quien ciertos sectores querrían responsabilizar del escándalo.
Fuente: Diario Concordia
