La intendenta de la ciudad de Paraná, Rosario Romero, enfrenta fuertes cuestionamientos en el tramo final de su gestión, en medio de una compleja trama política y sindical que compromete la transparencia del gobierno municipal. Según datos a los que accedió este medio, la mandataria habría desplegado una serie de maniobras para sostener al actual núcleo dirigencial del SUOYEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales), organización gremial fuertemente cuestionada por presuntos hechos de corrupción.Las acusaciones apuntan a que Romero, en un acto de desesperación política, estaría intentando garantizar la continuidad del sindicato oficialista como una estrategia para proteger a sus más fieles peones, en el marco de un proceso de normalización sindical que amenaza con alterar el equilibrio de poder dentro del municipio.Uno de los nombres que aparece en el centro de la polémica es el del abogado Marcelo Franco, señalado como parte del equipo de asesores de la intendenta, representante legal del sindicato, y presunto intermediario en negocios vinculados a las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) dentro del IAPSER. Según denuncias, Franco habría estado involucrado en arreglos judiciales que beneficiaron a miembros del sindicato procesados por una millonaria estafa ocurrida en 2021, en la que tres dirigentes firmaron un acuerdo para devolver $16.000.000.En simultáneo, Franco también figura en los registros como empleado de Obras Sanitarias, aunque las fuentes aseguran que jamás habría cumplido funciones en dichas oficinas.
El pedido para investigar su situación de revista estaría siendo impulsado por sectores disconformes del sindicato.
El caso de Fabián Carreras, querellante en la causa por corrupción sindical, se convirtió en un eje clave del conflicto. Carreras, quien había solicitado reunirse con la intendenta, para ponerla en conocimiento de la situación procesal del sindicato, quien lo recibió y luego tuvo un llamado de Jesús Núñez —emisario— con propuestas de “acuerdo” que incluían contratos y cargos a cambio de retroceder en su acusación.
La condición: limitar las responsabilidades judiciales solo a dos dirigentes del sindicato. Carreras rechazó el ofrecimiento y, desde entonces, habría sido objeto de persecución laboral, ideológica y política, tanto desde el Ejecutivo como del entorno gremial.
A medida que avanzan los plazos legales y se acerca la posibilidad de una normalización del SUOYEM, distintas versiones sostienen que desde la oficina de la presidencia municipal se habrían hecho gestiones con referentes gremiales nacionales —incluidos dirigentes de camioneros y sanidad— para intentar frenar un dictamen que podría acelerar el recambio sindical. Estas acciones estarían orientadas a evitar que el expediente llegue al despacho del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Detrás del intento por sostener a la cúpula sindical oficialista, los denunciantes aseguran que se esconde el temor a que una nueva conducción gremial exponga niveles de corrupción administrativa “pocas veces vistos” en la historia reciente de Paraná. La pérdida del control sindical también implicaría un duro golpe político y económico para Romero, a quien acusan de utilizar la estructura gremial para desviar recursos públicos hacia actividades partidarias.
De confirmarse estas denuncias, el escándalo no solo comprometería la legalidad de varias acciones del Ejecutivo, sino que también pondría en jaque la estrategia electoral del oficialismo de cara al 2025, en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores municipales, cuyos sueldos se encuentran por debajo de la línea de indigencia.
