En Paraná el transporte no colapsó de un día para otro: lo fueron llevando hasta el borde, paso a paso, como quien deja que el reloj corra, que venza lo conocido, que se apague lo que funciona —con defectos, sí— para después “estrenar” una solución que llega tarde, llega mal y llega con olor a armado. Por eso la denuncia penal contra Rosario Romero no cae del cielo. Llega como resultado lógico de meses de decisiones políticas que, según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, no solo habrían sido torpes: habrían sido preordenadas, direccionadas y eventualmente delictivas.
La historia que describe la denuncia arranca con una fecha que cualquier municipio serio tendría marcada en rojo: el 6 de diciembre de 2025, vencimiento de la concesión del servicio urbano. Era el momento de planificar una transición, sostener la continuidad, asegurar competencia real, ordenar pliegos, anticipar contingencias, cuidar a la ciudad. En cambio, lo que se denuncia es lo opuesto: un camino que habría conducido, casi con obsesión, a un único destino. Y ese destino se llama Licitación Pública N.º 31/2025, el proceso que hoy queda bajo sospecha.
Según la presentación, el pliego no fue un instrumento neutro para elegir el mejor servicio. Fue —en los hechos— un dispositivo para expulsar actores y “acomodar” al favorecido. Se lo describe como inequitativo, armado para quebrar condiciones de competencia y cargar costos críticos en un sentido: el de empujar a los operadores existentes hacia la inviabilidad. Y ahí aparece un corazón explosivo del conflicto: lo laboral. Porque el transporte no es solo unidades y recorridos; es gente que trabaja, familias que dependen y un sistema que no puede reiniciarse como si fuera una app. La denuncia sostiene que el diseño licitatorio habría buscado eludir o vaciar la continuidad de empleo ligada al art. 225 de la LCT, habilitando un “borrón y cuenta nueva” que en la vida real no existe. denunciapenalrosariormerocolect…En ese escenario, el texto señala a Transporte San José S.A. UTE como el operador “predeterminado” para quedarse con el servicio. Pero lo más grave —si se confirma— no es solo quién gana: es cómo se ejecuta.
La denuncia dice que el contrato y la adjudicación se muestran bajo la forma de una UTE, pero que los actos concretos, registros y trámites se habrían ido realizando a nombre de una sociedad anónima individual, “Transporte San José S.A.”, como si la UTE fuera un decorado jurídico. Y ahí el tema deja de ser político y pasa a ser penal: si el que opera no es el mismo sujeto que el Estado evaluó y adjudicó, entonces el servicio público entra en un terreno de ilegalidad estructural.
La denuncia incluso plantea señales concretas: menciona constancias y registros vinculados al sistema SUBE que se habrían asentado a nombre de la S.A. individual, cuando el adjudicatario formal sería la UTE. No es una discusión de tecnicismos: es el tipo de “detalle” que, en una contratación pública, define si hubo transparencia o si se montó un armazón para simular legalidad mientras se ejecuta por fuera.
Mientras todo eso ocurría en expedientes y oficinas, afuera estaba la ciudad. Y estaban los trabajadores. Y estalló lo inevitable: la Justicia laboral aparece en la narración como un golpe directo al corazón del armado. La denuncia refiere que el 26 de noviembre de 2025, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 7 (CABA) dictó una cautelar innovativa ordenando a la adjudicataria absorber transitoriamente la totalidad del plantel que venía prestando el servicio, justamente para evitar el daño social y preservar la continuidad laboral.
Fuente: La caldera Noticias
