La meseta de Baguales, una de las zonas de mayor valor ambiental de Río Negro, quedó en el centro de la polémica tras conocerse un ambicioso proyecto encabezado por el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, vinculado a la familia real de Qatar.
En 2017, a través de la firma Baguales Acquisitions S.A., el magnate adquirió 10.000 hectáreas ubicadas a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en un área reconocida por su biodiversidad, bosques nativos y cursos de agua prístinos. En aquel momento, la operación pasó casi inadvertida. Hoy, vuelve a escena por su impacto ambiental y político.
El eje del proyecto es la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas privadas sobre el arroyo Baguales —ChiBa I, II y III—, destinadas exclusivamente al abastecimiento del complejo privado, sin aportar energía al sistema interconectado nacional.
A esto se suma el desarrollo de una residencia de lujo y un emprendimiento turístico premium denominado Baguales Mountain Reserve, pensado para un público de alta gama, en plena zona protegida.
Foto: Meseta de Baguales, Río Negro.
Según información publicada por Más Energía, la concesión tendrá una duración de 30 años desde 2025. El uso intensivo del agua quedará limitado a los meses de invierno (julio a septiembre), cuando el caudal es mayor, y la empresa deberá pagar regalías del 16% de la energía generada, por encima del promedio regional.
Debate ambiental, agua pública y soberanía
La iniciativa reavivó fuertes cuestionamientos por el uso de agua de dominio público, los mecanismos de concesión y la transparencia del proceso administrativo, detallados en documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de Río Negro y relevados por Ecoticias.
Organizaciones ambientales y sectores sociales advierten sobre el precedente que podría sentar la venta de tierras estratégicas a capitales extranjeros, especialmente en territorios ambientalmente sensibles y sin una participación comunitaria amplia.
Más allá de la inversión económica, el proyecto de Al-Hajri se convirtió en un caso testigo del debate que atraviesa a la Patagonia: desarrollo privado, preservación ambiental y control sobre los recursos naturales, en una región donde la tierra y el agua siguen siendo motivo de disputa.
