

Ante un riesgo país que se mantiene cerca de los 500 puntos básicos, el presidente Javier Milei resolvió que el Estado nacional deje de emitir nuevos bonos de deuda. La decisión apunta a evitar tasas de interés cercanas al 10% anual en dólares, un nivel que el propio gobierno considera inviable para la Argentina.El miércoles 28 de enero, el riesgo país descendió hasta los 498 puntos, el valor más bajo desde junio de 2018. Sin embargo, en los días posteriores se mantuvo prácticamente sin cambios, un ritmo de caída que el Ejecutivo considera insuficiente para avanzar con una nueva colocación de deuda en los mercados internacionales.Este lunes, Milei confirmó un giro en la estrategia financiera: el Tesoro no emitirá nuevos bonos soberanos. El anuncio se produjo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantara la medida en una entrevista radial. Según el Presidente, la decisión generaría un efecto de “escasez” de títulos que impulsaría su valor y, por ende, reduciría el riesgo país.Tasas altas y supuestos frágilesEmitir nueva deuda implicaría aceptar intereses superiores al 9% anual en dólares. Esa fue la tasa que un grupo de bancos internacionales le ofreció al ministro Caputo en diciembre, a cambio de colocar hasta 5.000 millones de dólares en nuevos bonos, más comisiones. El Gobierno optó por rechazar esa alternativa.La decisión de cerrar la puerta a nuevas emisiones se apoya en una serie de supuestos clave, que hoy están bajo fuerte cuestionamiento político, económico y social.El primero es la continuidad de un superávit fiscal suficiente para afrontar el pago de intereses de la deuda. Para ello, el Gobierno apuesta a sostener un ajuste fiscal estricto. Sin embargo, la caída de la actividad económica reduce la recaudación y obliga a profundizar los recortes de gasto, con impacto directo sobre la economía real y el tejido social.El segundo supuesto es que, llegado el momento de pagar el capital de la deuda, el Gobierno pueda recurrir a otras fuentes de financiamiento: organismos internacionales como el FMI, swaps de monedas o préstamos directos de gobiernos y bancos.No obstante, el reciente pago de 4.200 millones de dólares realizado el 9 de enero dejó en evidencia que varias de esas “canillas” están cerradas. El Fondo Monetario Internacional ya dejó entrever que en 2025 la Argentina devolverá más de lo que recibirá, descartando nuevos desembolsos.En cuanto a los swaps, el Gobierno evita activar nuevos tramos por los costos políticos que implican. Avanzar con China podría generar tensiones con Estados Unidos, mientras que la administración de Donald Trump mantiene una relación de carácter “transaccional” con Milei, en la que los apoyos no son gratuitos.Mercado especulativo y falta de confianzaEl tercer supuesto es que los inversores, tanto locales como internacionales, incrementen la demanda de bonos argentinos. Hasta el momento, no hay señales claras de que eso vaya a ocurrir.La deuda argentina continúa siendo vista desde una lógica principalmente especulativa. Un ejemplo reciente es el informe del banco Barclays, que recomendó comprar el bono GD38 por su potencial de suba para luego venderlo. No se trata de una apuesta de largo plazo ni de una señal de confianza estructural en la economía argentina, sino de una jugada financiera de corto plazo.Un problema estructuralLa deuda pública sigue siendo una pesada carga para el país. Apostar a resolverla únicamente mediante “ingeniería financiera” o maniobras técnicas no parece atacar el problema de fondo. Sin crecimiento sostenido, estabilidad social y un modelo productivo sólido, cualquier estrategia basada solo en el mercado corre el riesgo de profundizar las tensiones existentes.
