En los últimos años, la ciudad de Paraná ha experimentado una transformación alarmante, que ha tenido un notable empeoramiento en tiempos recientes.
El centro y las zonas turísticas se han convertido en un escenario de caos y desorden, donde la premisa de que “todo vale” parece ser la norma, y no hay dudas de que, en muchos casos, algunos funcionarios permiten que este pandemónium de irregularidades se perpetúe.
La señora Intendente, elegida por los ciudadanos para representar y administrar los intereses de la comunidad, parece haber delegado funciones y responsabilidades en un séquito de personas que, si bien ella los supuso idóneas y transparentes, no han logrado responder adecuadamente a las necesidades de una gestión municipal que debería priorizar el bien común.
Es necesario recordarlo: los ciudadanos no votaron a los funcionarios, sino a la persona que ocupa el cargo de Intendente. Por ello, es ella quien debe asumir la responsabilidad de la gestión, no eludirla.
Aclarado esto, los ciudadanos de Paraná, que somos, por supuesto, ciudadanos (pero no por ello, tontos, vemos y nos damos cuenta de realidades y posibles jugarretas) y no funcionarios políticos, confiamos en que nuestros impuestos sean utilizados de manera responsable y transparente, y que los espacios públicos sean destinados al uso y disfrute de todos, sin discriminación alguna.
Sin embargo, la realidad nos deja serias dudas, que no encuentran respuesta en las explicaciones oficiales, que siempre se limitan a excusas vagas, como si los ciudadanos fuéramos ingenuos y olvidáramos rápidamente los desmanejos que se suceden en las calles de nuestra ciudad.
Un ejemplo claro de esta desidia es la situación en la Peatonal. En un acto de total desparpajo, los propietarios de bares y restaurantes han invadido el espacio público con mesas y sillas, apropiándose de la vía peatonal para su beneficio privado, sin que se observe ningún tipo de control o regulación.
Esta obra, que ha sido costeada con el dinero de todos los ciudadanos, debería ser un lugar destinado a la circulación libre de peatones, y no un espacio usurpado por unos pocos con la connivencia tácita (o expresa) de las autoridades. Y lo que es aún más grave: la peatonal y las plazas cercanas, lejos de ser zonas de esparcimiento para todos, se han transformado en un terreno de disputa entre comercios, donde quienes más tienen, más se apropian del espacio público.
La situación no se limita a la Peatonal, sino que se extiende a las veredas de comercios ubicados en otras zonas de la ciudad. Muchos de estos comercios, ante la inacción municipal, han instalado cercas, barreras, techos, y otros elementos de demarcación, usurpando así el espacio público con mesas y sillas para su beneficio privado. Mientras tanto, un vecino común que desee, simplemente, plantar un árbol en la vereda, es inmediatamente sancionado con la orden de retirarlo, ya que la vereda, se les recuerda, es de uso público, o sino, se le cuestiona el tipo de árbol plantado, etc.
¿Es que acaso existe algún tipo de cánon o acuerdo por debajo de la mesa que permita a ciertos comercios ocupar y usufructuar el espacio público de manera ilegal? No afirmamos nada de manera categórica, pero la duda flota en el aire, y es razonable que los ciudadanos se pregunten si estos acuerdos no son, en el fondo, el resultado de un intercambio de favores, pagos ocultos o simplemente un pacto tácito entre comerciantes y funcionarios socios de utilidades.
Lo más alarmante es que, más allá de la ocupación indebida de las veredas, hay casos en los que se ha llegado a ocupar parte de la calzada, es decir, la calle misma, con mesas y sillas para el disfrute privado.
Este comportamiento no solo es un atentado contra la integridad del espacio público, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad vial y para la movilidad de los ciudadanos.
Los comerciantes, con la complacencia de las autoridades, colocan incluso conos de tráfico para reservar lugares de estacionamiento exclusivos para sus clientes, sin que se observe ningún tipo de sanción o control efectivo por parte de la policía o los responsables de la seguridad urbana.
Es evidente que en estos casos no se ha tenido en cuenta la seguridad de los transeúntes ni de los propios clientes, sino que lo único que parece importar es maximizar las ganancias, sin importarles el bienestar de la comunidad.
Y lo que es aún más grave, si algún funcionario está al tanto de estas irregularidades y las permite, demuestra un absoluto desprecio por las normas de seguridad básicas y un desinterés total por el bienestar de los ciudadanos que, a fin de cuentas, son quienes financian su sueldo.
En este contexto, el accionar de las fuerzas del orden es igualmente preocupante. La falta de intervención de la policía provincial ante estas flagrantes violaciones de seguridad en el espacio público refleja una desidia absoluta en el cumplimiento de sus deberes, cómo responsables monopolizantes de la seguridad provincial, ya que la realidad y las irregularidades descritas no solo son conocidas por los ciudadanos, sino que son toleradas por la misma policía, lo que refleja una clara complicidad.
Ante todo esto, los ciudadanos nos preguntamos: ¿Quién se responsabiliza por el descontrol reinante en las calles de Paraná?
¿La Intendente, realmente tiene conocimiento de lo que está ocurriendo bajo su gestión?¿Es este el tipo de administración que merece la ciudad capital, que confió en ella para que la gobernara?
Es evidente que, en este primer año de gestión, la Dra Rosario Romero ha mostrado una falta de acción palpable, y, lamentablemente, todo parece indicar que si continúa en este camino, no podrá dar cuenta de los problemas que aquejan a nuestra ciudad. Pues si al triciclo de la ciudad, lo choca…, ¿Cómo confiar en que podría conducir el camión de la provincia?
Ciudadanos, paranaenses, es hora de reflexionar y ver más allá de las excusas y las promesas vacías de campaña.
Nuestra ciudad merece algo más que un manejo negligente de oportunistas, y que un espacio público secuestrado por intereses privados.
