El pedido de juicio político contra Susana Medina no es una denuncia más. Es la confirmación de que en Entre Ríos la parrilla del poder judicial se prende y se apaga según la rosca del día, no según un criterio serio de control institucional.El escrito ingresado en Diputados por el docente de Gualeguaychú Eugenio Jacquemain habla de 660 ausencias injustificadas, licencias de “capacitación” que suenan a turismo judicial, autos oficiales, choferes y viáticos usados para actividades privadas o académicas, todo con impacto directo sobre las cuentas públicas. Desde hace años, el propio trabajo periodístico viene retratando a Medina como una especie de “embajadora VIP” del STJ, más dedicada a viajar, sacarse fotos y dar conferencias que a firmar sentencias y estar sentada en su despacho.Si la mitad de esos datos se prueba, hay mal desempeño de sobra. Pero el punto no es sólo lo que hizo Medina, sino quién decide cuándo se prende el fuego y por qué ahora.
Schumacher: cuando la parrilla se apaga a tiempo
Hace apenas un año, la que estaba en el gancho era Gisela Schumacher. El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y la ONG Entre Ríos sin Corrupción la denunciaron por “mal desempeño” por su cambio de postura en la causa Urribarri: en abril de 2024 cerró el camino a la Corte y, unos meses después, acompañó la apertura del recurso extraordinario.
Se le imputó arbitrariedad, falta de seguridad jurídica y favores al exgobernador condenado. Pero cuando el tema llegó a la Comisión de Juicio Político, los diputados hicieron lo que mejor saben cuando se trata de la cúpula judicial: apagaron la parrilla. Rechazo “in limine”, sin debate serio en el recinto.
El mensaje interno fue clarito: si el problema es cómo resolviste la causa Urribarri, te exponemos un rato en los portales, te hacemos pagar el desgaste mediático… y después te salvamos. El sistema cuida a los suyos.
Con Medina el libreto se invierte. No hay discusión de doctrina ni de precedentes, sino un ataque directo con planillas, números, licencias, viáticos y autos oficiales. Puro Excel y combustible. Y una pregunta que nadie quiere contestar:
¿cuántos jueces y funcionarios están en una situación similar y jamás pisaron la Comisión de Juicio Político?
Medina, Michel y Davico: guerra por el mapa del poder
Michel y Davico: guerra por el mapa del poder
Detrás del expediente contra Medina no está sólo la indignación moral de un docente. Se juega la guerra por el mapa del poder que viene entre el peronismo, La Libertad Avanza y los restos del oficialismo provincial.
En ese tablero aparece Guillermo Michel, candidato peronista, ex titular de Aduana y jefe de un sector que encontró en Medina un blanco perfecto: mujer fuerte del STJ, años de privilegios a la vista y un historial de viajes y viáticos ideal para una sociedad harta de la casta judicial. En paralelo, Michel intenta adueñarse del discurso contra los privilegios en su propio pago chico, Gualeguaychú, donde el intendente libertario Mauricio Davico se mueve bajo el paraguas de Milei, el clan Menem y compañía.
El caso Davico –sus impugnaciones, las maniobras en el STJ, las operaciones para voltearlo o blindarlo– terminó poniendo en la mira al propio presidente del Superior, Leonardo Portela, acusado de jugar políticamente en esa causa y de funcionar como operador de Michel dentro del Poder Judicial.
En ese contexto, que aparezca justo ahora un pedido quirúrgico contra Medina por ausencias y viáticos suena demasiado a ajuste de cuentas interno: se castiga al símbolo de los privilegios del STJ, se reacomoda el tablero de la Corte provincial y se envía un mensaje a Davico, a Milei y a quien haga falta: “los fierros judiciales acá los manejamos nosotros”.
Eso no convierte a Medina en inocente. Pero marca algo más incómodo: su culpa se volvió útil.
Espías reciclados y cloaca judicial
Las denuncias, los jurys y las tapas no nacen en el vacío. En 2023, se destapó la trama de espías, contratos y millones alrededor de los informáticos Alexis Lesa y Pablo Palá, procesados por inteligencia ilegal sobre Stiuso y la jueza Arroyo Salgado, y vinculados al grupo Octógono, fundado por Facundo Cabrera. Aquella investigación mostró que, desde la época de Urribarri, funcionaron estructuras paraestatales de inteligencia enchufadas al Estado entrerriano, trabajando codo a codo con dirigentes, periodistas y operadores judiciales, con mails, chats y carpetas como moneda de cambio.
En los pasillos de Tribunales se repite que Cabrera y su ecosistema siguen activos, reciclados en consultoras, encuestadoras y “equipos técnicos” que trabajan indistintamente para oficialismos y oposiciones. Hoy se los ve orbitando cerca del michelismo; ayer trabajaron para otros; mañana, tal vez para los que hoy posan de enemigos.
Cuando se juntan las piezas –Medina, Michel, Davico, Portela, los espías reciclados– el cuadro es bastante claro: el juicio político se volvió una herramienta de inteligencia política, no de inteligencia institucional
Dos nombres, una misma enfermedad
No hace falta querer a Medina para ver el problema de fondo. A Schumacher la pusieron un rato al fuego por tocar la causa Urribarri y la bajaron cuando el sistema decidió protegerla. A Medina hoy la cuelgan de los ganchos por 660 ausencias, viáticos y autos oficiales, después de décadas de mirar para otro lado frente al régimen de licencias y privilegios del STJ.
En ambos casos el mensaje es el mismo: no hay reglas claras, no hay control permanente, sólo operaciones de ocasión. Hoy arde Medina, ayer se chamuscó Schumacher, mañana será otro nombre. Lo que nunca aparece es la discusión básica: cuántas horas efectivas trabajan los vocales, cuántas causas firman, cuánta plata se va en licencias, viajes y choferes, y quién audita todo eso con consecuencias reales.
Lo que realmente está en juego
Esta editorial no es para defender a Susana Medina. Si se confirma que faltó 660 días y usó bienes del Estado como propios, que se vaya a su casa sin honores ni lágrimas.
El punto es otro: la sociedad entrerriana no puede seguir dependiendo de qué parrilla se enciende según la conveniencia de Michel, Davico, Portela, los espías de siempre o la banda política de turno.O Entre Ríos se anima de una vez a discutir un sistema transparente de control del STJ, límites reales a los privilegios y un juicio político con reglas claras y estables, o la película va a seguir siendo la misma: nombres distintos sobre la parrilla, mientras la corporación judicial y política sigue cocinando su propio asado lejos de la gente que paga la cuenta.
Fuente: La caldera Noticias.
